Tuesday, May 31, 2005

Proyecto de investigación

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS
CENTRO DE ESTUDIOS DE POST-GRADO
ESPECIALIZACIÓN EN CIENCIAS PENALES Y CRIMINOLÓGICAS







PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
PARA TESIS DE GRADO


LAS ETAPAS PROBATORIAS EN EL PROCESO PENAL VENEZOLANO:
CONTROL DE LA PRUEBA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN





ALUMNO: D´LSA SOLÓRZANO BERNAL


1.- PLANTEAMIENTO DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN:
LAS ETAPAS PROBATORIAS EN EL PROCESO PENAL VENEZOLANO:CONTROL DE LA PRUEBA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN
2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.

La aplicación del nuevo proceso penal que rige en Venezuela a partir de la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal en 1999, ha sido tortuosa y por demás problemática, debido, entre otras razones, al poco conocimiento que tienen nuestros operadores de justicia[1] de lo que es el sistema acusatorio propiamente tal, lo cual parecieran pretender solapar con aprender y aprehender las simples disposiciones establecidas en la ley adjetiva penal [2].

Una de las razones de lo expuesto anteriormente, parece ser la falta de doctrina nacional, que contribuya a aclarar dudas y diversas lagunas dejadas por el legislador.

Una de las mayores lagunas que, además, ha visto reflejada su efecto en la práctica forense es lo que se refiere a la delimitación clara y precisa del ejercicio del derecho al contradictorio en las diversas etapas probatorias del sistema penal, las cuales, son diversas de conformidad con la etapa procesal en la que nos encontremos.

Lo antes dicho, ha derivado en un sin fin de nulidades que, además de contribuir con el creciente retardo procesal, coadyuva con el aumento del índice delictivo, debido a que una nulidad absoluta implica la libertad inmediata de personas que, probablemente sean responsables de la comisión de los hechos punibles que se les atribuyen, tal y como demuestran las estadísticas llevadas a tal fin por el Ministerio Público.

Visto lo anterior, he considerado de importante desarrollo la delimitación de las etapas probatorias atendiendo a las etapas procesales propiamente tales, para luego tratar un problema específico como lo es el ejercicio del derecho al control de la prueba en esas etapas, de lo cual, pretendemos concluir, sin lugar a dudas que, en la etapa de investigación (faz procesal) o etapa de recolección de la prueba (faz probatoria) no existe derecho al contradictorio.








3.- ESQUEMA DE TRABAJO

El trabajo de investigación a realizarse estará estructurado de la siguiente manera:

1.- INTRODUCCIÓN
2.- DESARROLLO DEL TRABAJO:
2.1.- LAS ETAPAS PROCESALES EN EL DERECHO PENAL VENEZOLANO
2.2.- LAS ETAPAS PROBATORIAS EN CADA UNA DE LAS ETAPAS PROCESALES (se tratará especialmente la etapa de investigación como una simple etapa de "recolección probatoria")
2.3.- EL DERECHO AL CONTRADICTORIO COMO MEDIO DE CONTROL DE LA PRUEBA
2.4.- FORMAS DE CONTROL DE LA PRUEBA
2.5.- INEXISTENCIA DEL DERECHO AL CONTRADICTORIO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN
3.- CONCLUSIONES
4.- BIBLIOGRAFÍA

4- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA A CONSULTAR

Para la realización de la investigación planteada, se ha considerado de obligatoria consulta los textos que a continuación se señalan, lo cual no es óbice para que en el transcurso de la misma sean consultados otros textos y autores, así como el uso de recursos tecnológicos como las páginas especializadas de Internet.

♦ AMBOS, KAI: "El Proceso Penal Alemán y la Reforma en América Latina". Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Bogotá 1998.
♦ COMISIÓN ANDINA DE JURISTAS: "Los Andes: ¿Emergentes o Emergencia?, Lima 1997.
♦ FLORIAN, EUGENIO: "De las Pruebas Penales". Tercera reimpresión de la tercera edición. Editorial Temis, Bogotá 1998.
♦ GUERRERO PERALTA, OSCAR JULIÁN: "Procedimiento Acusatorio y Terminación Anticipada del Proceso Penal". Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Bogotá 1998.
♦ ROXIN, CLAUS: "Derecho Procesal Penal". Traducción de la 25va. edición alemana. Editores del Puerto, Buenos Aires 2000.
♦ MUÑOZ SABATÉ, LUIS: "Técnica Probatoria: Estudios Sobre las Dificultades de la Prueba en el Proceso". Segunda Edición. Editorial Praxis, Barcelona 1983.
♦ VÉSCOVI ENRIQUE: "Teoría General del Proceso". Editorial Temis, Bogotá 1994.
♦ PIERRE TAPIA, OSCAR: “La Prueba en el Proceso Venezolano”. 2da. Edición. Producciones Editoriales, Barcelona, España, 1977.
♦ UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA. FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS. INSTITUTO DE CIENCIAS PENALES Y CRIMINOLÓGICAS: “DERECHO PROCESAL PENAL: Libro Homenaje al Dr. F.S. Angulo Ariza”. Fiscalía General de la República. Instituto de Estudios Superiores del Ministerio Público, Caracas, 1983.
♦ RENGEL-ROMBERG, ARÍSTIDES: “Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano”. Editorial El Arte, Caracas, 1992.
♦ BORREGO, CARMELO: “Nuevo proceso Penal. Actos y Nulidades Procesales”. Universidad Central de Venezuela, LIVROSCA, Caracas, Venezuela, 1999.
♦ UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO: “El Nuevo Derechos Constitucional Venezolano. Ponencias VI Congreso de Derecho Constitucional en Homenaje al Doctor Humberto J. La Roche”. Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela, 2002.
♦ COMBELLAS, RICARDO: “Derecho Constitucional. Una Introducción al Estudio de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”. Mc Graw Hill, Caracas, Venezuela, 2001.
♦ UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO: “Primeras Jornadas. Derecho Procesal Penal. El nuevo Proceso Penal”. Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela, 1998.
♦ UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO: “Segundas Jornadas de Derecho Procesal Penal. La Vigencia Plena del Nuevo Sistema”. Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela, 1999.
♦ Página WEB del Tribunal Supremo de Justicia.
♦ Código Orgánico Procesal Penal.
♦ Código Penal.
♦ Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
[1] Entiéndase como tales no sólo, a Jueces, Fiscales del Ministerio Público y Defensores Públicos, sino, además, a los defensores privados en materia penal, y en general a todas las personas o entes (públicos o privados) intervinientes en el sistema de administración de justicia penal.
[2] La cual por demás, adolece de graves fallas, algunas de las cuales pretenderemos demostrar con la realización de la investigación aquí propuesta.

Mi tesis de grado

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS
CENTRO DE ESTUDIOS DE POST-GRADO
ESPECIALIZACIÓN EN CIENCIAS PENALES Y CRIMINOLÓGICAS



TRABAJO ESPECIAL DE GRADO:
EL DEBIDO PROCESO COMO PRINCIPIO RECTOR DEL RÉGIMEN PROBATORIO Y
LAS ETAPAS PROBATORIAS EN EL PROCESO PENAL VENEZOLANO:
DELIMITACIÓN DE LA NOCIÓN DE DEBIDO PROCESO Y CONTROL DE LA PRUEBA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN



TUTOR DE INVESTIGACIÓN: JOSÉ TADEO SAIN
TUTOR METODOLÓGICO: FREDDY DOMINGUEZ
ALUMNO: D´LSA SOLÓRZANO BERNAL

INTRODUCCIÓN ………………………………………………………...……………………..5
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA E IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO
DE ESTUDIO…………………………………………………………………………………...10
OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS…………...……………………..................12
JUSTIFICACIÓN……………………………………………………………………………….13
CUERPO TEÓRICO…………………………………………………………………………...18
CAPÍTULO I. DEFINICIÓN DE DEBIDO PROCESO. LA REASIGNACIÓN DE FUNCIONES DE LOS ACTORES DEL SISTEMA PROCESAL PENAL COMO PRINCIPIO BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL DEBIDO PROCESO, Y LA NECESIDAD DE UN JUICIO PREVIO ORAL Y PÚBLICO. ANÁLISIS LEGISLATIVO DEL PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO Y OBLIGATORIEDAD DE SU CUMPLIMIENTO EN VENEZUELA…………………..…………...…………………………20
JUICIO PREVIO ORAL Y PÚBLICO COMO CONSECUENCIA NECESARIA DEL DEBIDO PROCESO…………………………………………………………………………...20
DEFINICIÓN DE DEBIDO PROCESO…………………………..………………………......21
EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y SU RELACIÓN CON EL DEBIDO PROCESO. ¿EL MODERNO CONCEPTO DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PROCESAL COMO ARISTA DEL PRINCIPIO DEBIDO PROCESO?.........................................21
JUICIO PREVIO………………………………………………………………..………………22
ORALIDAD…………………………………………………………………………….…….….23
PUBLICIDAD…………………………………………………………………………………...23
Análisis Legislativo del Principio del Debido Proceso y Obligatoriedad de su Cumplimiento en Venezuela…………………………24
EL DEBIDO PROCESO EN LA NORMATIVA INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, VIGENTE EN VENEZUELA…………………………………………………...24
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 1948……………………………………………………………………………………………...24
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, Resolución 2200 A (XXI) de la Asamblea General, aprobada el 16 de diciembre de 1966………………………………………………………………………….25
Convención Americana sobre Derechos Humanos, 18 de julio de 1978……………………………………………………………………………………...………28
el debido proceso en la legislación nacional……………………………...30
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela…………... …30
Código Orgánico Procesal Penal………………………………………………...31
CAPÍTULO II. LAS ETAPAS PROCESALES EN EL DERECHO PENAL VENEZOLANO Y SU CORRELATO PROBATORIO. EL DERECHO AL CONTRADICTORIO…………………………………………………………………………...31
ETAPAS PROCESALES PREVISTAS EN EL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL …………………………………………………………………………………………35
ETAPA PREPARATORIA……………………………..………………………………………36
ETAPA INTERMEDIA……………………………..…………………………………………..40
ETAPA DE JUICIO……………………………………………………………..……………...41
DERECHO AL CONTRADICTORIO…………………………………………………………42
CONCLUSIONES………………………………………………………………………………46
BIBLIOGRAFÍA…………………………………………...…………………………………….47
INDICE ANALÍTICO…………………………………………………...……………………….50






INTRODUCCIÓN

El límite al poder punitivo del Estado, no es más que la aplicación efectiva de los Derechos Humanos. Así, es dable observar que el Derecho Procesal Penal, debe estar al servicio de los Derechos Humanos. Tal afirmación se fundamenta entre muchos otros hechos, en que la recolección, presentación y práctica de la prueba, debe realizarse con apego estricto a las normas del debido proceso, so pena de nulidad absoluta de las mismas.

Sin embargo, el Derecho Procesal Penal, en muchos países de América donde la tradición jurídico-procesal ha sido eminentemente colonialista-inquisitiva, la aplicación efectiva de la parte adjetiva del derecho penal, se ha mantenido al margen de los avances que han venido operando en ésta área. En Venezuela, esto ha pretendido corregirse con el cambio de sistema de inquisitivo a acusatorio, concretado con el Código Orgánico Procesal Penal.

Así, en nuestro país, la violación de los Derechos Humanos, es casi algo tradicional. Esta violación, tiene una de sus principales aristas en la falta de aplicación del debido proceso como principio fundamental del derecho procesal penal. Sin embargo, raíz de la derogatoria del Código de Enjuiciamiento Criminal, el cual se fundamentaba en el sistema inquisitivo, y la consecuente entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal, instrumento éste fundamentado en el sistema acusatorio, se pretende dar una transformación copernicana a tal situación, tomando al debido proceso como base de aplicación del nuevo sistema de administración de justicia penal.

La búsqueda de certeza de los hechos delictuosos y la determinación de los responsables no deben ser, bajo ninguna circunstancia, incompatibles con el respeto de los derechos del imputado y la dignidad humana. Es evidente que no puede ni debe combatirse un crimen con otro crimen; lo antijurídico con lo ilegal; ni la justicia con la injusticia.[1]

Siendo esto así, y por considerar que el debido proceso, es la base fundamental de las modernas tendencias procesales en materia penal, nos permitiremos desarrollar un esquema teórico-explicativo de este principio, que contribuirá al mejor entendimiento del mismo, en la vigente legislación adjetiva venezolana.

Por otra parte, la aplicación del nuevo proceso penal que rige en Venezuela, ha sido tortuosa y por demás problemática, debido, entre otras razones, al poco conocimiento que tienen nuestros operadores de justicia[2] de lo que es el sistema acusatorio propiamente tal, lo cual parecieran pretender solapar con aprender y aprehender las simples disposiciones establecidas en la ley adjetiva penal [3].
Una de las razones de lo expuesto anteriormente, parece ser la falta de doctrina nacional, que contribuya a aclarar dudas y diversas lagunas dejadas por el legislador.

Una de las mayores lagunas, que además ha visto reflejada su efecto en la práctica forense, es lo que se refiere a la delimitación clara y precisa del ejercicio del derecho al contradictorio en las diversas etapas probatorias del sistema penal, las cuales, son diversas de conformidad con la etapa procesal en la que nos encontremos. Todo esto, en la práctica, ha derivado en un sin fin de nulidades que, además de contribuir con el creciente retardo procesal, coadyuva con el aumento del índice delictivo, debido a que una nulidad absoluta implica la libertad inmediata de personas que, probablemente sean responsables de la comisión de los hechos punibles que se les atribuyen, tal y como demuestran las estadísticas llevadas a tal fin por el Ministerio Público y otras instituciones encargadas de la administración de justicia penal.

Visto lo anterior, se ha considerado de importante desarrollo la delimitación de las etapas probatorias atendiendo a las etapas procesales propiamente tales, para luego tratar un problema específico como lo es el ejercicio del derecho al control de la prueba en esas etapas, de lo cual, pretendemos concluir, sin lugar a dudas que, en la etapa de
investigación (faz procesal) o etapa de recolección de la prueba (faz probatoria) no existe derecho al contradictorio[4].
Con el propósito de realizar una explicación didáctica de lo afirmado, en primer término realizaremos una explicación exhaustiva de lo que constituye la noción de Debido Proceso, y su relación indudable con el proceso penal y en segundo lugar delimitaremos las fases procesales establecidas en la legislación adjetiva venezolana.

Finalmente, consideramos necesario realizar una aclaratoria. Quizá al lector de esta introducción se le presente una duda: “¿Cómo pudo mezclar dos temas tan diversos?”. La respuesta es la siguiente:

Al comenzar la investigación sobre la posibilidad del contradictorio en la etapa de investigación de la prueba, nuestras inquietudes aumentaron obligando a investigar más sobre dos particulares temas de interés: el debido proceso y la contradicción probatoria, así que simplemente no pude evitar la tentación de escribir sobre ambos, por cuanto en el desarrollo de la investigación nos percatamos de que ambos se encuentran indefectiblemente relacionados y de la casi imposibilidad de separarlos. Por otra parte, consideré que ésta es la oportunidad para expresar y tratar de resolver diversas inquietudes que me han surgido a lo largo del tiempo en la práctica forense con relación a la aplicación del Código Orgánico Procesal Penal.

Esperamos que lo aquí aportado constituya no sólo un aporte teórico importante,
sino que además pueda servir de insumo para los litigantes en materia penal, al momento de resolver algunas dudas en materia probatoria.

La estructura elegida para la presentación del cuerpo teórico del presente trabajo es la siguiente:

Una primera parte donde se tratan los siguientes temas: DEFINICIÓN DE DEBIDO PROCESO. LA REASIGNACIÓN DE FUNCIONES DE LOS ACTORES DEL SISTEMA PROCESAL PENAL COMO PRINCIPIO BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL DEBIDO PROCESO, Y LA NECESIDAD DE UN JUICIO PREVIO ORAL Y PÚBLICO. Análisis Legislativo del Principio del Debido Proceso y Obligatoriedad de su Cumplimiento en Venezuela.

Una segunda parte donde el tema fundamental es: LAS ETAPAS PROCESALES EN EL DERECHO PENAL VENEZOLANO Y SU CORRELATO PROBATORIO.

Finalmente realizamos unas conclusiones, algunas concretas recomendaciones y señalamos la bibliografía utilizada.

Es de destacar que en la realización de esta investigación tratamos de dar cumplimiento a las normas metodológicas exigidas para la realización de trabajos especiales.




1.- Planteamiento del problema E IDENTIFICACIÓN del objeto de estudio

Actualmente, en nuestro país, el desconocimiento de la aplicación del debido proceso, así como de la forma de implementación del derecho al contradictorio en la etapa de investigación penal, ha derivado en diversos problemas que se reflejan en la práctica forense, a saber: violación de los derechos humanos, impunidad a causa de las innumerables nulidades y retardo procesal.

Por otra pare, la aplicación del Código Orgánico Procesal Penal, ha sido problemática, debido, entre otras razones, al poco conocimiento que tienen nuestros operadores de justicia de lo que es el sistema acusatorio propiamente tal, lo cual parecieran pretender solapar con aprender y aprehender las simples disposiciones establecidas en la ley adjetiva penal.

Todo esto conlleva al colapso del sistema de administración de justicia penal, por cuanto, las denuncias por comisión de hechos punibles tanto de las víctimas primarias, como de los propios imputados, a los cuales se les violan sus derechos humanos[5], genera un sin fin de denuncias, las cuales no están en capacidad de ser conocidas por los administradores de justicia penal.

Todo ello pudiera ser resuelto con una reforma del Código Orgánico Procesal Penal, que permita brindar mayor claridad tanto a los intérpretes, como a los operadores de justicia propiamente tales. Tal reforma perseguiría fundamentalmente llenar las lagunas que fueron dejadas por el legislador.

En razón de lo antes expuesto, podría una reforma de la parte probatoria del Código Orgánico Procesal Penal contribuir con la mejor aplicación del debido proceso, así como con una clara definición del derecho al contradictorio en la etapa de investigación del Código Orgánico Procesal Penal.

Finalmente, es de destacar que con la realización de ésta investigación se pretende estudiar, concretamente, el debido proceso y su influencia en la aplicación del Código Orgánico Procesal Penal, así como las diversas etapas procesales previstas en ese instrumento legal y el derecho al contradictorio en la etapa de investigación.











2.- Objetivos generales y específicos

Con la realización de la presente investigación, pretendemos lograr los siguientes objetivos:

♦ Analizar las características que presenta el debido proceso, como principio fundamental en el actual sistema procesal penal en Venezuela. Este objetivo general tienen los siguientes objetivos específicos:

v Establecer la base legal que hace obligatorio el cumplimiento del debido proceso en la legislación venezolana.

v Establecer la necesidad del cumplimiento del debido proceso en aras de la validez de las actuaciones realizadas en materia procesal penal

♦ Analizar las etapas procesales en el Código Orgánico Procesal Penal. Los objetivos específicos de este objetivo general son:

v Estudiar las etapas procesales en el actual sistema penal venezolano, con la finalidad de determinar las dos fases o correlatos de cada una de ellas: faz procesal y faz probatoria.

v Evaluar de qué manera el control de la prueba afecta las etapas probatorias en el proceso penal
4.- Justificación

Con la realización de la presente investigación, pretendemos demostrar que el Debido Proceso es la base de la correcta aplicación de la legislación adjetiva penal, y que, en estricto cumplimiento de ello, y de las etapas procesales previstas en el Código Orgánico Procesal Penal, no existe el derecho a contradecir la prueba en la etapa de investigación, por cuanto ésta es una fase de mera recolección de la prueba y se encuentra a cargo del titular de la acción penal, el cual no es otro que el fiscal del Ministerio Público.

Pretendemos igualmente demostrar las siguientes hipótesis:

Las imprecisiones en el cumplimiento del debido proceso en la administración de justicia penal, constituye violación de los derechos humanos, a la par de contribuir con la impunidad y el retardo procesal.

El desconocimiento de las etapas procesales (en sus fases probatoria y procesal) impiden la correcta aplicación del proceso penal.






ENFOQUE METODOLÓGICO

1.- Tipo y diseño de la investigación

La investigación realizada es de carácter documental descriptiva, sin recurrir a procesos experimentales y basándose fundamentalmente en fuentes escritas[6].

Es de destacar que a pesar de relativamente nuevo del tema relacionado con el sistema penal acusatorio en nuestro, en general no fueron muchas las limitaciones encontradas, ya que en las diferentes bibliotecas visitadas, se encontró material actualizado al respecto. De igual manera, se pudo encontrar información bastante variada en Internet, patrocinada por diferentes empresas especialistas en el tema.

2.- Procedimiento de la investigación

Como se puede observar de acuerdo a lo descrito en líneas anteriores, el diseño de la investigación es de tipo bibliográfico. El hecho de trabajar con materiales ya elaborados de tipo secundario determina lógicamente las principales ventajes e inconvenientes de este diseño. El principal beneficio que el investigador obtiene mediante una indagación bibliográfica es la posibilidad de extenderse para abarcar una experiencia inmensamente mayor.

Esta ventaja nítida que se obtiene en cuanto a la amplitud de los temas que es posible examinar mediante la bibliografía, tiene la contrapartida de una dificultad que puede llegar a ser muy significativa según los casos. La duda sobre la calidad del material secundario está siempre presente y por más que se utilicen procedimientos específicos para tratar de solventar la situación, es difícil decir que se puede trabajar con estos datos con entera seguridad. Para reducir este margen de incertidumbre, conviene asegurarse de las condiciones concretas en que han sido obtenidos los datos, estudiar en profundidad cada información para descubrir incoherencias y contradicciones, utilizar a la vez varias fuentes distintas cotejándolas cuidadosamente y en general, regirse por una sana dosis de escepticismo.

El procedimiento empleado para la realización del trabajo de investigación se puede describir de la siguiente manera: se cumplieron con los pasos referidos a la concepción del problema, planeamiento de la investigación, ejecución o desarrollo, evaluación o análisis de los datos y comunicación de los resultados. De esta forma, se puede describir el proceso utilizado como sigue:
- Indagación en los antecedentes: se debe tener en cuenta que no existe campo del conocimiento completamente nuevo o inexplorado, toda creación o descubrimiento toma elementos del pasado y así lo exige la ética científica. Soslayar esta sección es inexcusable y no realizar una exhaustiva revisión de la literatura conduce a errores significativos y se desaprovecha la posibilidad de efectuar un trabajo original y metodológicamente sano. Se estudiaron los antecedentes existentes con relación al tema en estudio, las teorías y tratados especializados relacionados con el tema, Igualmente se consultó a especialistas que pudieron orientar sobre las lecturas más apropiadas.

- Adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva: se indagó profundamente en el tema, buscando su significado, las implicaciones, la relación del tema en estudio con otras áreas del conocimiento, su relación con teorías filosóficas, políticas, sociológicas, criminológicas, etc.

- Construcción del marco teórico: esta tarea fue realizada en su mayor parte por escrito, por borradores o apuntes iniciales los cuales fueron el principal instrumento de esta fase de trabajo, los cuales posteriormente convenientemente organizados y redactados pasaron a integrar el cuerpo expositivo final de la obra. De igual manera, examinado ya el problema desde un punto de vista general, se enfatizó la clarificación de los conceptos a emplear, elaborando definiciones provisionales, delimitando significados, elaborando esquemas de trabajo y precisando nociones vagas o confusas. Posteriormente se elaboró un análisis crítico de toda la información recopilada.
- Para obtener la información que sustenta este trabajo de investigación, se asistió a bibliotecas y otros centros de documentación. El procesamiento de la información se realizó a través de la técnica del fichaje bibliográfico.

- Es de destacar, que las motivaciones que nos llevaron a investigar sobre los temas planteados, no son otras que la experiencia misma. Durante la práctica forense que nos ha tocado ejercer, no sólo desde la Consultoría Jurídica de la Fiscalía General de la República, como fiscales del Ministerio Público, sino como litigantes y estudiosos observadores, tuvimos la oportunidad de verificar empíricamente que el incumplimiento del debido proceso, probablemente por desconocimiento, tiene influencia directa no sólo en la violación de los derechos humanos, sino en la incorrecta aplicación de diversas instituciones probatorias, tales como el derecho al contradictorio en las diversas etapas del Código Orgánico Procesal Penal. Todo ello nos motivó a realizar la presente investigación, la cual ha sido un anhelo a lo largo de la duración de toda la especialización.



CUERPO TEÓRICO
CAPÍTULO I

DEFINICIÓN DE DEBIDO PROCESO. LA REASIGNACIÓN DE FUNCIONES DE LOS ACTORES DEL SISTEMA PROCESAL PENAL COMO PRINCIPIO BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL DEBIDO PROCESO, Y LA NECESIDAD DE UN JUICIO PREVIO ORAL Y PÚBLICO. Análisis Legislativo del Principio del Debido Proceso y Obligatoriedad de su Cumplimiento en Venezuela

Una de las características del proceso penal que estuvo vigente en Venezuela durante 37 años, con el Código de Enjuiciamiento Criminal, fue la confusión de roles de personas e instituciones vinculadas al proceso penal; desde la Policía [7], que se constituía, de hecho, en el principal protagonista de la investigación criminal, pasando por el Juez, que a sus funciones jurisdiccionales propias le agregaba la de investigador y la de abogado acusador, y donde tenía el Ministerio Público una actividad meramente contemplativa, obviamente el principio de la independencia, la imparcialidad y la igualdad de las partes en el proceso, eran meras declaraciones retóricas o letra muerta.

La verdad es que el imputado, tenía a la Policía, al Fiscal y al Juez como acusadores, y carecía de una defensa adecuada. En tales circunstancias no podía depararle sino una categórica condena.
Analizaremos de seguidas, la distinción de funciones que debe existir entre la función jurisdiccional y la función fiscal, como característica fundamental del respeto a la garantía del debido proceso:

El Juez es el elemento del poder jurisdiccional que debe ser imparcial para así garantizar en el proceso la igualdad entre las partes que intervienen en el proceso, y la independencia en la apreciación y la valoración de las pruebas, en cuya recolección el mismo nunca puede ser parte.

El Fiscal, por su parte, debe estar regido por el principio de objetividad, ya que lo que se busca en el proceso penal, no es precisamente la condena, sino la transparencia de la verdad real; como titular de la acción penal pública, debe constituirse en el investigador que reúna todos los elementos que permitan traslucir la verdad, acusando a través de elementos objetivos, y de una configuración clara de una conducta transgresora o pidiendo la absolución en los casos en que así corresponda.

La Policía es la que debe actuar en la investigación de los delitos, bajo la dirección del Ministerio Público.

Estas son características de un sistema acusatorio, el cual por demás, es por excelencia el sistema donde con menor frecuencia se conculcan los Derechos Humanos de los imputados (o acusados según sea el caso). El respeto de estas funciones es de vital importancia para construir un sistema adjetivo penal que permita no sólo respetar los derechos fundamentales del imputado, sino también hacerle partícipe a la víctima en el proceso.

1.1.- Juicio Previo Oral y Público como consecuencia necesaria del debido proceso

Para que la fase de juzgamiento del proceso penal, se considere apegada a las características del debido proceso, es menester que tal fase cumpla con determinadas características a saber: toda persona tiene derecho a un juicio previo, oral y público para poder ser condenada al cumplimiento de una pena.

El debido proceso no se agota en la sentencia condenatoria, sino que se extiende a la ejecución de ésta, a través del cumplimiento de la pena, momento este en el que se violan con mayor gravedad los derechos de las personas privadas de su libertad; es por ello, que debe preverse en todo sistema penal, que exista una especie de contralor del respeto de estos derechos, el cual no es más que un juez de ejecución de pena, tal como lo establece el Código Orgánico Procesal Penal, y no autoridades administrativas, ya sean éstas policiales o penitenciarias, como ocurría con la vigencia del Código de Enjuiciamiento Criminal, dejando al prisionero impotente para hacer valer sus derechos fundamentales, al tener que recurrir en queja contra las mismas autoridades que violan sus derechos.

Visto todo lo anterior, resulta sencillo aproximarnos a una definición de Debido Proceso.
1.2.- Definición de Debido Proceso

Es la garantía procesal que asegura al imputado, que será juzgado oral y públicamente, por un juez imparcial, el cual atenderá a una acción penal debidamente ejercida, que a su vez responderá a una investigación llevada a cabo con cumplimiento de todas las formalidades legales, y que, en el cumplimiento de la condena que le corresponda, se respetarán igualmente, todos los derechos inherentes a la dignidad de la persona humana.

1.3.- El principio de legalidad y su relación con el debido proceso. ¿El moderno concepto del principio de legalidad procesal como arista del principio Debido proceso

El principio de legalidad procesal, consiste en la necesidad de un juicio previo oral y público. Vale decir, todo proceso penal será nulo sin un juicio previo oral y público que avale la condena de una persona.

Como se puede observar, y siendo que, como antes se afirmara, una de las características del debido proceso es la necesidad de un juicio previo, oral y público, no podemos menos que concluir que, efectivamente, la importancia del respeto a la garantía del debido proceso, consiste en que el no hacerlo, deriva necesariamente en la violación del principio de legalidad procesal, lo que haría nulo de nulidad absoluta cualquier proceso penal que se lleve a cabo sin el cumplimiento de la mencionada garantía.

Ahora bien, señalemos de modo específico en qué consiste cada uno de estos sub-principios, los cuales estudiaremos separadamente:

1.3.1.- Juicio Previo

Todo juicio debe ser llevado a cabo con atención a las formas y oportunidades previstas en la ley. Así, “...la reacción del Estado debe ser producto de un proceso legalmente llevado. Vale decir, en cumplimiento de los principios y sujeción a las formas, lugar y lapsos. Considerados ex ante y plasmados en la legislación...”.[8] (sic)

1.3.2.- Oralidad

Las formas del juicio deben desarrollarse de modo oral. Vista la completa ausencia de celeridad procesal, consecuencia necesaria de la escrituralidad que caracterizó el sistema procesal penal venezolano, vemos como imprescindible el desarrollo del juicio en forma oral. “...En este sentido, oralidad se constituye en una garantía para que todos los interesados en la causa sepan en qué consisten los distintos argumentos de las partes y, este conocimiento lo adquieren en una forma inmediata /(...)/ Como consecuencia, inmediata de la actuación oral, le acompañan la inmediatez, la contradicción y la concentración (...) estas tres figuras dan un piso más firme al propio juicio, debido a que, al producirse un acto, éste dará lugar a la intervención de los distintos sujetos procesales, sea para contrariar lo expuesto por alguna de las partes (...) para favorecer (sic) o conciliar el punto esgrimido, ora ejecutando otro acto que sea menester por su desarrollo por razones de viabilidad y oportunidad...”[9]
1.3.3.- Publicidad

Al lado de la premisa de la oralidad, se encuentra el carácter público de los actos. Como consecuencia de la participación ciudadana (lo cual garantiza a la población el control de los actos jurisdiccionales), es menester que los juicios puedan llevarse a cabo en forma pública, lo que asegura que todo lo que ocurre durante el juicio, es conforme a la legalidad por cuanto, no debe haber nada que ocultar.

La importancia de esta breve referencia al Debido Proceso, radica en que el proceso penal debe regirse por este principio de carácter múltiple, y mal podemos entender cuáles son las etapas probatorias, sus características, funciones, delimitaciones y facultades de las partes si no comprendemos claramente en qué consiste el debido proceso.

1.4.- Análisis Legislativo del Principio del Debido Proceso y Obligatoriedad de su Cumplimiento en Venezuela

En esta parte, nos permitiremos transcribir los textos contentivos del principio del debido proceso en la legislación internacional de derechos humanos, así como en la legislación nacional, para luego hacer unas conclusiones finales.
1.4.1.- El Debido Proceso en la normativa internacional de Derechos Humanos, vigente en Venezuela.
1.4.1.1.- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 1948

“...Artículo XXV./ Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y según las formas establecidas por leyes preexistentes./ Nadie puede ser detenido por incumplimiento de obligaciones de carácter netamente civil./ Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene derecho también a un tratamiento humano durante la privación de su libertad...” Derecho de protección contra la detención arbitraria.”

Artículo XXVI./ Se presume que todo acusado es inocente, hasta que se pruebe que es culpable./ Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública, a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con leyes preexistentes y a que no se le imponga penas crueles, infamantes o inusitadas...”/ Derecho a proceso regular”

1.4.1.2.- Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, Resolución 2200 A (XXI) de la Asamblea General, aprobada el 16 de diciembre de 1966.

“...Artículo 14/ 1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores./ 2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley./ 3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:/ a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella;/ b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección;/ c) A ser juzgada sin dilaciones indebidas;/ d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo;/ e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo; f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal;/ g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable./ 4. En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos penales se tendrá en cuenta esta circunstancia y la importancia de estimular su readaptación social./ 5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley./ 6. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido./ 7. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país...”.

1.4.1.3.- Convención Americana sobre Derechos Humanos, 18 de julio de 1978

Artículo 8. Garantías Judiciales/1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter./ 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:/ a. derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;/ b. comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;/ c. concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;/ d. derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;/ e. derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;/ f. derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;/ g. derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y / h. derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior./ 3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza./ 4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos./ El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia...”

Como se puede observar de las distintas transcripciones que anteceden, se desprende con facilidad, que la legislación internacional de Derechos Humanos, fundamenta la aplicación del debido proceso en algunos principios fundamentales que ya han sido señalados por nosotros, a saber:


n Juicio previo
n Oralidad
n Publicidad
n Juez imparcial
n Separación de funciones

Todo esto viene a comprobar la certeza de la tesis aquí expresada, consistente en que el debido proceso, como garantía procesal, se compone de diversos sub-principios, que no son menos importantes que el principio en sí mismo.

1.4.2.- El debido proceso en la legislación nacional:
1.4.2.1.- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

“...Artículo 49: El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y, en consecuencia: / 1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley./ 2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario. / 3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete./ 4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias, o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto. / 5. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. / La confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza./ 6. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes./ 7. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente./ 8. Toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados. Queda a salvo el derecho del o de la particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado o magistrada, juez o jueza y del Estado, y de actuar contra éstos o éstas...”.
1.4.2.2.- Código Orgánico Procesal Penal

“Artículo 1º. Juicio previo y debido proceso. Nadie podrá ser condenado sin un juicio previo, oral y público, realizado, sin dilaciones indebidas, ante un juez imparcial, conforme a las disposiciones de este Código y con salvaguarda de todos los derechos y garantías del debido proceso, consagrados en la Constitución de la República, las leyes, los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República...”

Como se puede observar, la vigente legislación venezolana, responde cabalmente a la normativa internacional que rige la materia, a diferencia de lo que ocurría con el derogado Código de Enjuiciamiento Criminal, el cual, como ya se mencionó, era en sí mismo violatorio de los Derechos de la Persona Humana. Damos aquí por reproducidos los criterios expresados supra, relativos a la necesaria distribución de los roles de los actores en ele sistema procesal penal (Juez, Fiscal, Policía).

El Código Orgánico Procesal Penal, por vez primera en nuestro país, consagra la garantía del Debido Proceso, como principio general de obligatorio cumplimiento en el sistema penal adjetivo, con lo que se acopla con la legislación internacional que rige la materia, la cual, a pesar de estar vigente en Venezuela, era tradicionalmente “olvidada”, y sus violaciones eran constantes y recurrentes. En tal sentido, es plausible que se haya pretendido dar un paso adelante en el desarrollo del sistema procesal penal, con lo cual, además, se contribuye a la unificación internacional en lo que se refiere al tratamiento de los Derechos de la Persona Humana, los cuales, como antes se señaló, son de carácter universal.

CAPÍTULO II
LAS ETAPAS PROCESALES EN EL DERECHO PENAL VENEZOLANO Y SU CORRELATO PROBATORIO.
EL DERECHO AL CONTRADICTORIO


A diferencia de lo que ocurre con el Debido Proceso, para conocer las etapas del proceso penal venezolano, basta con dar una simple lectura al Código Orgánico Procesal Penal, el cual en su articulado explica en qué consiste y qué delimita cada una de ellas, así como las respectivas facultades de las partes y la relación de la parte con la prueba. Sin embargo, consideramos que con ello no basta para tener un verdadero conocimiento doctrinario de lo que significa e implica cada una de ellas, es por ello que consideramos menester explicar en qué consisten y qué las delimita. Véase el siguiente esquema:

FASE O ETAPA
PREPARATORIA
(O DE INVESTIGACIÓN)
FASE O ETAPA
INTERMEDIA
FASE O ETAPA
DE JUICIO
1

2

3





Visto lo afirmado anteriormente, lo cual se resume en el esquema que antecede, consideramos menester explicar el concepto de la palabra fase:

“…La voz fase proviene del latín phasis, que significa brillar. Cuando los antiguos se referían a la fase, querían con ello aludir a las fases de la luna, a los lados o partes que "brillaban". Como se trataba de indicar una parte del todo, este vocablo pasó luego al lenguaje forense, con idéntico sentido; la palabra Etapa deriva del francés etape, el que a su vez tiene su origen en el alemán stapel, que significó emporio, con lo cual se alude a cada uno de los lugares en donde llegaba la noche se queda la tropa. Con carácter figurativo pasó al derecho para iniciar el avance en el desarrollo de una serie de actos. E1 término ó voz periodo procede de periodus fue significó originalmente el tiempo que se tarda en repetir algo, es decir el espacio determinado de tiempo: Actualmente, en el campo procesal, indica el lapso que media entre un acto y otros…”.[10]

Ahora bien, cada una de las etapas procesales antes señaladas, tiene un correlato probatorio, por cuanto, en nuestro criterio, la relación de la parte con la prueba es lo que delimita la etapa procesal en concreto de la que se trata. Véase el siguiente esquema:





FASE O ETAPA
PREPARATORIA
(O DE INVESTIGACIÓN)
FASE O ETAPA
INTERMEDIA
FASE O ETAPA
DE JUICIO
1

2

3

FASE O ETAPA
DE RECOLECCIÓN DE LA PRUEBA
1

FASE O ETAPA
DE PRESENTACIÓN DE LA PRUEBA
2

FASE O ETAPA
DE PRÁCTICA DE LA PRUEBA
3














Procedamos brevemente a explicar en qué consiste cada una de las etapas procesales, y su respectivo correlato probatorio, así como la relación de la parte o sujeto procesal [11] con cada una de las fases.



2.1.- ETAPAS PROCESALES PREVISTAS EN EL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL

2.1.1.-Etapa Preparatoria

La fase preparatoria es un estadio del proceso penal, sin carácter judicial, que busca la obtención de elementos de convicción necesarios para que el Ministerio Público determine el acto conclusivo al cual haya lugar, con base en la verdad dentro de un marco de control jurisdiccional.

Por ser esta la etapa más importante para el tema tratado, abundaremos un poco más sobre ella, al determinar sus características:

• Las actuaciones son escritas y totalmente reservadas para los terceros. Sólo tiene acceso a ellas los sujetos procesales, cuando las mismas, en su totalidad o parte de ellas no hayan sido reservadas por el Ministerio Público,
• El Ministerio Público tiene completo control y poder de investigación, por sí mismo o a través de los órganos de policía de investigaciones penales a los cuales dirige.

“…Función investigadora, la más conocida de las funciones del Ministerio Público en el periodo de la averiguación previa es la actividad investigadora. Averiguación, dice Márquez Piñedo, proviene de ad, a y verificare, verum, verdadero; y facere hacer, cuyo significado seria el de indagar la verdad hasta conseguir descubrirla. / Objeto de la averiguación previa: aunque con frecuencia se afirma que dentro de la averiguación previa se deberá tratar de confirmar la existencia del tipo delictivo y la probable responsabilidad de su autor, la verdad es que tal afirmación resulta estrecha, cuando confrontamos la serie de cometidos establecidos en la Ley. / La función investigadora, se suele diferenciar (en derecho probatorio) de la función probatoria. Como ya lo veremos, mientras en la investigación se trata de conocer en la actividad probatoria se trata de confirmar el dato afirmado. Igualmente, en la investigación se desconoce el dato, en tanto que en la actividad probatoria se supone conocido el dato o hipótesis, y sólo se trata de confirmar o rechazar a través del procedimiento correspondiente…”.[12]

En la etapa preparatoria, la parte o sujeto procesal fundamental es el Ministerio Público, por cuanto, como antes se indicara, tal y como lo establece el mismo Código Orgánico Procesal Penal, la investigación estará a su cargo.[13]

Por otra parte, vale la pena destacar que no es requisito, por obvio que parezca, para el inicio de la investigación la existencia predeterminada de un imputado, por el contrario, la investigación tiene como función primordial la determinación del mismo.
Por lo demás, una vez determinado el imputado dentro de esta fase, éste, en legítimo ejercicio del derecho a la defensa, tiene pleno acceso a las investigaciones, así como la facultad de solicitar la práctica de las diligencias que considere necesarias para el total esclarecimiento de los hechos. Vale decir, el imputado también tiene derecho a “recolectar pruebas”.

Esta “recolección de pruebas” a la que hemos hecho referencia no escapa del control judicial, por cuanto, “…A los jueces de esta fase les corresponde controlar el cumplimiento de los principios y garantías establecidos en este Código…”[14]

Así, “La importancia de esa fase preparatoria es que tendrá a su cargo, simplemente, la búsqueda, la identificación y la preservación de las evidencias, de los medios que van a servir de prueba posteriormente en el juicio oral; en principio y excepción hecha de las llamadas pruebas anticipadas o irrepetibles, nada de lo que acá se haga tendrá valor probatorio, sólo servirá para preparar el juicio… (omissis)…”[15]

En síntesis, la etapa de investigación no tiene otra función probatoria sino la de recolección. Tal afirmación la sustentamos en el propio Código Orgánico Procesal Penal, el cual en su artículo 280 establece:

“…Artículo 280. Objeto. Esta fase tendrá por objeto la preparación del juicio oral y público, mediante la investigación de la verdad y la recolección de todos los elementos de convicción que permitan fundar la acusación del fiscal y la defensa del imputado…”. (Subrayado Nuestro)

Como se puede observar, el propio Código Orgánico Procesal Penal, establece que esta etapa es de recolección de las pruebas, o de los “elementos de convicción” [16].

En tal sentido, resulta imposible establecer la existencia de un contradictorio en una etapa procesal de mera recolección probatoria. Es importante aclarar que no debe confundirse el acceso a la investigación y el derecho a realizar peticiones o la determinada realización de una prueba con el derecho al contradictorio, tal y como antes se indicara.

2.1.2.- Etapa Intermedia

Esta es la etapa de presentación u ofrecimiento de la prueba. En ella se inicia el contradictorio, por cuanto puede contestarse la acusación del fiscal. Vale decir, como se señalara supra, se contradice la acción. Pueden igualmente realizarse solicitudes probatorias y presentar excepciones contra la acción ejercida por el Ministerio Público con la acusación.

En esta fase, el sujeto procesal fundamental es el Juez, por cuanto es a él a quien se le presentan las pruebas o elementos de convicción recabados hasta el momento, a fin de que pueda evaluar si los mismos son suficientes y determinantes y si fueron recolectados con estricto apego a las normas del debido proceso que antes indicáramos.

Finalmente el Juez admite o no la acusación del Fiscal del Ministerio Público y da la orden de inicio de la etapa de juicio oral, con el Auto de Apertura a Juicio.

Repetimos entonces, esta es la etapa de presentación de la prueba y de inicio del contradictorio.

2.1.3.- Etapa de Juicio

Esta es la etapa de práctica de la prueba propiamente tal. Recapitulando, la prueba se recolecta, se presenta y en la etapa final se practica.

Esta afirmación se debe a que, como antes se indicara, es en el juicio oral, con estricto apego al principio de inmediación, donde las pruebas se practican, por cuanto, sólo lo actuado oralmente, visto y oído por el Juez[17] directamente del testigo o del experto tiene valor probatorio y sólo con base en ello puede ser juzgado el acusado. Es aquí don de las pruebas adquieren el carácter de tales.

En la fase de juicio todos los sujetos procesales tienen similar importancia, cada uno con la delimitación de funciones que le corresponde y el derecho al contradictorio alcanza su máxima expresión al realizarse, además, conjuntamente con los principios de inmediación y oralidad.

Es importante destacar que en el sistema acusatorio vigente en Venezuela rige el principio de la libertad de pruebas y se valorarán por medio de la sana critica, tal y como lo establece el Código Orgánico Procesal Penal.

2.2.- Derecho al Contradictorio

El principio general que rige la contradicción de la prueba es el siguiente: ante toda acción debe existir una contradicción.[18]

ACCIÓN CONTRADICCIÓN

En el proceso penal, el titular de la acción es el Fiscal del Ministerio Público, y la ejerce con la presentación de la acusación. Expliquemos un poco más el punto:

La etapa preliminar o fase de investigación culmina con la presentación de un acto conclusivo. En tal sentido, el fiscal podrá decidir si ejerce o no la acción penal. La ejercerá cuando presenta la acusación, o no la ejercerá cuando decide archivar o solicitar el sobreseimiento de la causa.

“…por acción podemos entender a ese poder de acudir ante un órgano jurisdiccional al cual se excita realizando todos los actos legalmente necesarios para llevar la pretensión a lo largo del proceso, procurando obtener resolución que subordine el interés ajeno al propio. Tratándose de pretensor penal demandante, éste normalmente orientará su pretensión a satisfacer el ius puniendi que afirma representar…”.[19]

Es importante aclarar que, en el proceso penal, se entiende la acción como el poder del Estado, a través del Ministerio Público, de reclamar la acción jurisdiccional para determinar una responsabilidad jurídico-penal concreta. La acción se ejerce frente al juez, al cual se acude con una pretensión concreta y no es más que el derecho a reclamar en juicio lo que se nos debe [20].

“…Facultad resolutiva del Ministerio Público: de acuerdo con las leyes secundarias, al ministerio Público deberá determinar si se promueve o no la acción procesal. Entendemos entonces que si el Ministerio Público está autorizado para resolver si promueve o no la acción tendrá por lo tanto, cierta facultad resolutiva. La resolución al final de la averiguación previa (de promover o no la acción) será entonces una finalidad. Pero el problema más importante aquí es saber si el ministerio Público puede libremente resolver si existió o no el delito, y si una especifica persona esto no responsable…”.[21]

En resumen, en el proceso penal, tal y como antes se indicara, acción es sinónimo de acusación.

ACCIÓN CONTRADICCIÓN



ACUSACIÓN

De lo antes dicho, es fácil concluir que si la contradicción de la prueba surge como consecuencia de la acción, y la acción en derecho penal se ejerce con la acusación del Ministerio Público, entonces la contradicción sólo se puede ejercer después de la acusación.

“…Frente al derecho (poder) de acción encontramos el de contradicción, que es la facultad de oponerse a aquella. Así, como el actor, cuando deduce su pretensión, ejerce el derecho de acción (de carácter abstracto) el demandado, cundo deduce la suya, mediante la oposición, ejerce el derecho de contradicción…”.[22]

Como conclusión de todo lo antes dicho, tenemos que el derecho al contradictorio se inicia en la etapa o fase intermedia y obviamente alcanza su máxima expresión en la etapa de juicio tal y como se explicara supra. En consecuencia, no hay posibilidad de derecho al contradictorio en la etapa de investigación del Código Orgánico Procesal Penal.









CONCLUSIONES

El cumplimiento del Debido Proceso es imprescindible y de obligatorio cumplimiento en el marco del derecho penal adjetivo.

De ello depende la validez de las actuaciones realizadas por los órganos encargados de la persecución penal, y consecuentemente del Ministerio Público.

Por otra parte, el cumplimiento del debido proceso, nos obliga a un cuidadoso análisis de las etapas procesales, de la relación de las partes con cada una de ellas, así como de las atribuciones concretas que en materia probatoria podemos ejercer en el desarrollo de la investigación penal.

De todo podemos concluir que, si bien el imputado tiene derecho a la defensa desde el mismo inicio de la investigación [23], eso no significa que se pueda ejercer el derecho al contradictorio, por ser asuntos de distinta índole. En tal sentido es de destacar que: el imputado goza del derecho a la defensa en todas y cada una de las etapas procesales, y puede ejercer el derecho al contradictorio a partir de la etapa intermedia.

Así, las conclusiones más importantes obtenidas con la realización de la presente investigación son las siguientes:

♦ El cambio de sistema procesal penal de inquisitivo a acusatorio en nuestro país ha contribuido con la modernización del sistema de administración de justicia, así como con la unificación de adjetiva de la normativa penal en Latinoamérica, sin embargo, con la finalidad de lograr una verdadera efectividad del mencionado sistema, se hace menester lo siguiente:

v Dar pleno cumplimiento al debido proceso en todas las etapas previstas en el Código Orgánico Procesal Penal,
v Conocer y aplicar correctamente las reglas probatorias en todas las etapas procesales,
v Comprender que el derecho al contradictorio sólo rige al proceso penal, a partir de la etapa de juicio,

♦ Podemos definir el debido proceso como la garantía procesal que asegura al imputado, que será juzgado oral y públicamente, por un juez imparcial, el cual atenderá a una acción penal debidamente ejercida, que a su vez responderá a una investigación llevada a cabo con cumplimiento de todas las formalidades legales, y que, en el cumplimiento de la condena que le corresponda, se respetarán igualmente, todos los derechos inherentes a la dignidad de la persona humana.

♦ La realización de un juicio previo, oral y público, es consecuencia necesaria de la aplicación del debido proceso en el sistema acusatorio.

♦ La normativa internacional de Derechos Humanos vigente en Venezuela, así como las diversas previsiones constitucionales y legales, hacen obligatorio el cumplimiento del debido proceso en el sistema penal.

♦ Las etapas procesales previstas en el Código Orgánico Procesal Penal, tienen un correlato probatorio, a saber:

v La etapa de investigación, probatoriamente constituye una etapa de recolección de la prueba;

v La etapa intermedia, probatoriamente es la etapa de presentación de la prueba; y

v La etapa de juicio, probatoriamente es la etapa de práctica de la prueba.

♦ Siendo que es en la etapa de juicio cuando se pueden practicar las pruebas que hayan sido debidamente recolectadas y presentadas, es en este momento procesal cuando puede ejercerse el derecho al contradictorio.

♦ La consecuencia necesaria del ejercicio de la acción penal es el derecho a la contradicción. En tal sentido, si la acusación se presenta en la etapa intermedia, concretamente en la audiencia preliminar, momento procesal a partir del cual se da inicio a la etapa de juicio y consecuentemente a la etapa de práctica de la prueba, necesariamente es en la etapa de juicio cuando se puede ejercer el derecho al contradictorio. Concluimos entonces:

A tenor de lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, en correcta aplicación del debido proceso, la única etapa en la que puede ejercerse el derecho al contradictorio es en la fase de juicio.
















BIBLIOGRAFÍA

♦ Ambos, Kai: "El Proceso Penal Alemán y la Reforma en América Latina". Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Bogotá 1998.

♦ Borrego, Carmelo: “Nuevo Proceso Penal. Actos y Nulidades Procesales”. Pp 443. Livrosca, 1999.

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♦ Fernández, Fernando: “Situación de los Derechos Humanos en el Nuevo Código Orgánico Procesal Penal”, en “Primeras Jornadas de Derecho Procesal Penal. El nuevo proceso penal”. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas, 1998.

♦ Frías Caballero, Jorge: “Teoría del delito”. Pp 397, Livrosca, Caracas, 1996.

♦ Florián, Eugenio: "De las Pruebas Penales". Tomos I y II. Tercera reimpresión de la tercera edición. Editorial Temis, Bogotá 1998.

♦ Guerrero Peralta, Oscar Julián: "Procedimiento Acusatorio y Terminación Anticipada del Proceso Penal". Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Bogotá 1998.

♦ Muñoz Sabaté, Luis: "Técnica Probatoria: Estudios Sobre las Dificultades de la Prueba en el Proceso". Segunda Edición. Editorial Praxis, Barcelona 1983.

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♦ Boletín Bimestral del Área Educación en Derechos Humanos, Nº 45. Septiembre - Diciembre de 1999.

♦ Boletín Informativo de la ONU

♦ Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 1948

♦ Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, Resolución 2200 A (XXI) de la Asamblea General,aprobada el 16 de diciembre de 1966.

♦ Convención Americana sobre Derechos Humanos, 18 de julio de 1978

♦ Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

♦ Código Orgánico Procesal Penal





INDICE ANALÍTICO

A
acción.............................................................................................................................................. 41
ACUSACIÓN..................................................................................................................................... 43
Análisis Legislativo del Principio del Debido Proceso y Obligatoriedad de su Cumplimiento en Venezuela........................................................................................................................... 18, 24
B
BIBLIOGRAFÍA.................................................................................................................................. 45
C
Código Orgánico Procesal Penal......................................................................................................... 31
CONCLUSIONES.............................................................................................................................. 44
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.......................................................................... 29
contradicción................................................................................................................................... 41
Convención Americana sobre Derechos Humanos, 18 de julio de 1978................................................... 27
CUERPO TEÓRICO........................................................................................................................... 18
D
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 1948.................................................... 24
Definición de Debido Proceso.................................................................................................. 21
DEFINICIÓN DE DEBIDO PROCESO.................................................................................................. 18
Derecho al Contradictorio...................................................................................................... 41
E
El principio de legalidad y su relación con el debido proceso. ¿El moderno concepto del principio de legalidad procesal como arista del principio Debido proceso? 21
El debido proceso en la legislación nacional......................................................................................... 29
El Debido Proceso en la normativa internacional de Derechos Humanos, vigente en Venezuela................ 24
ENFOQUE METODOLÓGICO............................................................................................................ 14
Etapa de Juicio................................................................................................................................ 40
Etapa Intermedia............................................................................................................................. 39
Etapa Preparatoria.......................................................................................................................... 35
ETAPAS PROCESALES PREVISTAS EN EL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL....................... 35
I
INTRODUCCIÓN.................................................................................................................................. 5
J
Juicio Previo................................................................................................................................... 22
Juicio Previo Oral y Público como consecuencia necesaria del debido proceso...... 20
Justificación................................................................................................................................ 13
L
LAS ETAPAS PROCESALES EN EL DERECHO PENAL VENEZOLANO Y SU CORRELATO PROBATORIO. 32
O
Objetivos generales y específicos...................................................................................... 12
Oralidad.......................................................................................................................................... 23
P
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, Resolución 2200 A (XXI) de la Asamblea General, aprobada el 16 de diciembre de 1966......................................................................................................................... 25
Planteamiento del problema e identificación del objeto de estudio........................ 10
Procedimiento de la investigación.................................................................................................. 14
Publicidad....................................................................................................................................... 23
R
REASIGNACIÓN DE FUNCIONES DE LOS ACTORES DEL SISTEMA PROCESAL PENAL COMO PRINCIPIO BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL DEBIDO PROCESO Y LA NECESIDAD DE UN JUICIO PREVIO ORAL Y PÚBLICO 18
T
Tipo y diseño de la investigación.................................................................................................... 14

















[1] GABRIEL CASTELLANOS PORRAS: “Derecho Procesal Penal”, Universidad Abierta de Puebla, México, Septiembre, 2000.

[2] Entiéndase como tales no sólo, a Jueces, Fiscales del Ministerio Público y Defensores Públicos, sino, además, a los defensores privados en materia penal, y en general a todas las personas o entes (públicos o privados) intervinientes en el sistema de administración de justicia penal.

[3] La cual por demás, adolece de graves fallas, algunas de las cuales pretenderemos demostrar con la realización de la presente investigación.

[4] Sostendremos a lo largo de la investigación que las etapas procesales previstas en el Código Orgánico Procesal Penal, tienen un correlato probatorio, vale decir que son etapas a dos fases: una probatoria y una procesal. Igualmente, Es de destacar que, si aplicamos debidamente las norma que rigen el debido proceso, ello se hace obviamente extensivo a todas y cada una de las normas que rigen la matera probatoria del Código Orgánico Procesal Penal.

[5] El Estado controla la ilegalidad con ilegalidad
[6] De acuerdo con lo descrito por Ander - Egg (1992), la investigación documental es el procedimiento científico y sistemático de indagación, recolección, organización e interpretación de datos extraídos de fuentes documentales sobre un determinado tema. Basándose en esta definición, la investigación documental va más allá del simple proceso de recolección de datos. Deben ser organizados de manera coherente de acuerdo a la proyección del tema de investigación y ser analizados e interpretados de acuerdo a las diferentes interrogantes que se presenten sobre el tema y cumpliendo con lo planteado en los Objetivos Generales y Específicos.

[7] Léase como actividad policial
[8], CARMELO BORREGO: “Nuevo Proceso Penal. Actos y Nulidades Procesales”. P. 110. Livrosca, 1999.

[9] CARMELO BORREGO: Op. cit. Pp 112-113.
[10] GABRIEL CASTELLANOS PORRAS: Op. Cit., P. 25.

[11] Tal como lo llama nuestro Código Orgánico Procesal Penal.
[12] GABRIEL CASTELLANOS PORRAS: Op. Cit., P. 28.


[13] Ver artículos 283 y 284 del Código Orgánico Procesal Penal.

[14] Artículo 282 Código Orgánico Procesal Penal.

[15] ROBERTO DELGADO SALAZAR: “Principios Informadores del Nuevo Proceso Penal”. En “Primeras jornadas. Derecho Procesal Penal. El Nuevo proceso Penal”. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas, 1998. P. 31.

[16] Para algunos doctrinarios, en el procedimiento acusatorio, sólo puede hablarse de PRUEBAS en la etapa de juicio oral, cuando estas son practicadas, o menos estrictamente, luego de la etapa intermedia, por haber ya pasado el filtro de la aceptación o no del Juez de Control.
[17] Y los escabinos y jurados, según sea el caso.

[18] Ver ENRIQUE VÉSCOVI: "Teoría General del Proceso". Editorial Temis, Bogotá 1994. Pp 89-91

[19] GABRIEL CASTELLANOS PORRAS: Op. Cit., P. 40.

[20] Ver ENRIQUE VÉSCOVI. Op. cit. P. 8

[21] GABRIEL CASTELLANOS PORRAS: Op. Cit., P. 29.

[22] ENRIQUE VÉSCOBI: op. cit. P. 89
[23] Léase desde el momento en que es personalizado como posible responsable de la comisión de un hecho punible